SOBERANÍA DIGITAL

Las actividades digitales producen rastros: búsquedas, transacciones, desplazamientos, interacciones y otras señales de comportamiento. Algunas son necesarias para prestar un servicio; otras pueden ser utilizadas para establecer perfiles, anticipar conductas, organizar mercados o vender prestaciones basadas en predicciones.

La noción de extractivismo de datos señala una relación desigual: información originada en la actividad de personas, instituciones y territorios puede concentrarse y procesarse bajo el control de actores que capturan buena parte de su valor económico. AGC-LITAT vincula esta dinámica con dependencias históricas entre países centrales y periféricos.

No todos los datos tienen el mismo origen, valor o régimen de protección. Tampoco todo procesamiento fuera del país constituye, por sí solo, una pérdida de soberanía. Lo decisivo es quién decide qué se registra, con qué finalidad, bajo qué jurisdicción, con qué garantías y quién puede utilizar los resultados.

AGC-LITAT emplea el concepto de tecnocesarismo para describir una concentración de capacidades en empresas que administran infraestructuras y servicios esenciales. Estas compañías pueden intervenir en comunicaciones, comercio, procesamiento de información, sistemas de identificación y tareas que también realizan los Estados.

El ejercicio efectivo de decisiones públicas y privadas puede depender de proveedores que no están sometidos a los mismos procedimientos democráticos que las instituciones políticas.

Una sociedad conserva formalmente sus derechos y autoridades, pero puede perder margen para ejercerlos cuando no dispone de alternativas técnicas, capacidad de auditoría o condiciones de negociación suficientes. La dependencia tecnológica se convierte entonces en un problema de poder.

Un comercio necesita que sus productos sean encontrados. Una trabajadora de plataformas depende de las condiciones bajo las que se le ofrecen tareas. Una institución educativa requiere herramientas para enseñar y almacenar información. Un medio necesita llegar a sus lectores. Un organismo público debe mantener operativos sus sistemas.

Las situaciones son diferentes, pero permiten formular una pregunta común: ¿qué ocurre cuando otro actor controla la infraestructura indispensable para que una actividad socialmente relevante pueda desarrollarse? La soberanía digital busca recuperar capacidad de decisión sobre esas condiciones, sin presuponer que todos los sectores necesiten una solución idéntica.

Conectividad. Las redes, los enlaces y el acceso permiten que la población y las instituciones participen de la vida digital. Una conectividad insuficiente, desigual o sujeta a puntos críticos de dependencia limita el ejercicio de otros derechos y capacidades.

Procesamiento y almacenamiento. Los centros de datos, la capacidad de cómputo y los servicios de nube sostienen funciones públicas y privadas. Importa dónde y cómo se procesan los datos, qué leyes resultan aplicables, quién puede acceder, cómo se garantiza la continuidad del servicio y qué posibilidades existen de migrar hacia otras soluciones.

Plataformas y sistemas. El software, los sistemas operativos, los entornos de trabajo, los servicios de comunicación y los modelos de inteligencia artificial determinan qué puede hacerse con esas infraestructuras. La dependencia puede persistir aunque las redes o los servidores sean propios, si las funciones críticas quedan atadas a sistemas cerrados que no es posible examinar ni sustituir.

Estas capas se necesitan mutuamente. La localización física de los equipos importa, pero no sustituye las preguntas por las licencias, la propiedad, los estándares, la auditoría y las capacidades humanas necesarias para administrarlos.

La soberanía digital requiere distinguir entre distintos tipos de información. Existen datos que deben estar disponibles para el control ciudadano, datos personales o sensibles que necesitan protección reforzada y otros cuya circulación puede habilitarse bajo condiciones específicas de finalidad, seguridad y reciprocidad.

La declaración de AGC-LITAT destaca la portabilidad, la proporcionalidad de la recolección, la transparencia de los sistemas automatizados y el beneficio colectivo. Estas orientaciones pueden traducirse en preguntas concretas: ¿podemos acceder a nuestros datos y trasladarlos a otro servicio? ¿Se registra únicamente lo necesario? ¿Las decisiones automatizadas que afectan derechos pueden explicarse, revisarse e impugnarse? ¿El conocimiento producido con recursos públicos puede beneficiar a la sociedad sin exponer a las personas?

Más control público sobre los datos no debería significar mayor vigilancia sobre la ciudadanía. Una política soberana también necesita límites para el Estado y garantías frente a cualquier actor que administre información.

Una sociedad puede disponer de leyes protectoras y continuar dependiendo de tecnologías que no sabe producir, adaptar ni mantener. Por eso la soberanía digital también comprende universidades, sistema científico, formación, trabajo especializado, empresas, cooperativas, organismos públicos y capacidades de investigación y desarrollo.

Pero producir tecnología dentro del territorio no resuelve por sí solo cómo se distribuye el valor generado ni quién decide sobre su utilización. La soberanía productiva necesita preguntarse también por las relaciones de propiedad, las condiciones laborales, la apropiación del conocimiento y los beneficios sociales de la innovación.

La escala latinoamericana abre posibilidades adicionales: desarrollar infraestructuras compartidas, coordinar estándares, proteger datos transfronterizos, fortalecer la ciberseguridad y negociar de manera conjunta frente a actores globales. Se trata de ampliar las capacidades de cooperación y decisión sin reemplazar una dependencia externa por otra dentro de la región.

Toda interfaz habilita ciertas acciones y dificulta otras. Un sistema de recomendación distribuye visibilidad; un mecanismo de reputación altera jerarquías de reconocimiento; las notificaciones y el flujo continuo organizan ritmos de atención; las opciones de respuesta condicionan cómo puede proseguir una discusión.

Estas decisiones no determinan lo que cada persona piensa o hace. Sin embargo, modifican las probabilidades de encuentro, expresión, reconocimiento y relación. Cuando una sociedad depende de esos entornos para informarse y participar, sus diseños tienen consecuencias políticas.

Una perspectiva democrática de la soberanía debería poder interrogar, entre otras cuestiones, quién establece los criterios de visibilidad, qué tipos de vínculo se favorecen y qué recursos existen para revisar reglas que afectan a la ciudadanía.

La temporalidad digital no se reduce a la rapidez con la que circulan los mensajes. La compresión de los intervalos entre exposición, valoración, reacción, interacción y recirculación puede favorecer ciertas formas de relacionarse con la política, mientras que otras necesitan condiciones para comparar, conservar experiencias, elaborar objeciones y revisar interpretaciones.

De acuerdo con el análisis desarrollado en «Tecnopolítica», los regímenes de subjetivación política (las formas en que un individuo experimenta la política) no requieren idénticas condiciones para activarse y estabilizarse. El diseño temporal de las interfaces, que afecta directamente la esfera pública, puede hacer relativamente más costoso sostener una controversia fuera de una respuesta inmediata.

La latencia tiene, por eso, un valor crítico: no como simple lentitud o virtud individual, sino como la posibilidad de construir intervalos de elaboración y revisión. Una soberanía democrática debería permitir discutir también las condiciones temporales que sus tecnologías facilitan o dificultan.

Poder publicar no garantiza ser escuchado, no asegura obtener una respuesta, y no equivale necesariamente a un retorno capaz de introducir una contradicción pertinente en la relación política cuestionada.

Una esfera pública democrática necesita condiciones para que experiencias diferentes puedan encontrarse, las responsabilidades resulten atribuibles, las intervenciones conserven continuidad suficiente y las objeciones puedan adquirir pertinencia. También necesita posibilidades de articulación colectiva.

Esto no se consigue mediante un algoritmo que garantice acuerdos ni mediante una interfaz que suprima los antagonismos. Requiere decisiones políticas, prácticas colectivas y condiciones técnicas que no queden exclusivamente en manos de quienes administran el entorno.

Una infraestructura puede permitir almacenar información y prestar servicios sin resolver cómo se organizan las relaciones sociales que transcurren sobre ella. La noción de ecosistema invita a considerar esas relaciones junto con la materialidad técnica, la actividad económica, las prácticas culturales, los derechos y las decisiones institucionales.

Un servicio de salud, un sistema de pagos y un espacio de deliberación pública presentan necesidades diferentes, aunque puedan compartir capacidades técnicas. El alcance, la forma y los límites del eventual ecosistema son precisamente parte de lo que habría que decidir.

Una de las intuiciones centrales de esta propuesta es que la comunidad capaz de pensar un ecosistema no existe ya como un sujeto colectivo plenamente constituido. Necesita formarse mientras diferentes actores reconocen problemas comunes y elaboran sus desacuerdos.

El Estado, las universidades, los trabajadores, las organizaciones sociales, las comunidades técnicas, las cooperativas, las empresas y la ciudadanía pueden aportar conocimientos y experiencias diferentes. Esa pluralidad no resuelve por sí misma cómo se representarán sus intereses ni quién tendrá capacidad de decisión.

La cuestión es construir un proceso con condiciones para participar, formular objeciones, atribuir responsabilidades y revisar acuerdos. Si un proyecto pretende ampliar las capacidades democráticas, su procedimiento de definición no puede tratarse como un detalle posterior a las decisiones técnicas.

El punto de partida podría ser reunir a quienes ya experimentan y estudian distintas dependencias digitales: trabajadores, productores, organizaciones sociales, universidades, comunidades tecnológicas, responsables públicos y ciudadanía.

No se trata de suponer que todos comparten intereses, sino de construir condiciones para formular problemas comunes, registrar desacuerdos y establecer procedimientos mediante los cuales una propuesta pueda modificarse ante nuevas razones y experiencias.

Una comunidad semejante no sería una audiencia convocada para aprobar una arquitectura previamente diseñada. Participaría en la definición de aquello que merece ser construido.

Antes de establecer qué infraestructura hace falta, sería útil identificar cuáles existen, quién las administra, qué actividades dependen de ellas y qué posibilidades reales hay para modificarlas o sustituirlas.

Un mapeo de capacidades y dependencias podría incluir infraestructura, equipos de trabajo, contratos, datos estratégicos, sistemas críticos, investigaciones y experiencias locales. La declaración de AGC-LITAT propone precisamente un mapeo tecnológico y una auditoría de dependencia digital del Estado como parte de su agenda inicial.

En el mediano plazo plantea capacidades propias de nube gubernamental, un marco de infraestructura pública digital, fortalecimiento de la ciberseguridad, programas de innovación y formación, y coordinación regional. Como horizonte estructural incorpora industria tecnológica, investigación, inteligencia artificial y un ecosistema digital soberano.

La información resultante no debería convertirse en un informe reservado a especialistas. Necesitaría formas de presentación comprensibles y procedimientos para definir colectivamente qué problemas son prioritarios.